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Reglamentación juego y apuestas

Reglamentación de juegos y apuestas

 

Cualquier juego, ya se practique de manera aficionada o profesional, está siempre sujeto a una reglamentación. Este aspecto se vuelve especialmente importante en el caso de los juegos online y con carácter de apuestas, por lo que era necesario dotar al sector de una regulación adecuada.

La Ley 13/2011, de 27 de mayo, de regulación del juego dividida en siete títulos, cuarenta y nueve artículos, seis disposiciones adicionales, una disposición derogatoria y once disposiciones finales, recoge el ámbito de aplicación- estatal-,así como los requisitos de los juegos, prohibiciones objetivas y subjetivas creando para ello instrumentos administrativos para garantizar el cumplimiento.

Las características de los títulos habilitantes, licencias, autorizaciones y el régimen de autorización  aplicable a los operadores están desarrolladas en el Título III. En el IV- Control de la actividad-, se establecen los requisitos técnicos a fin de evitar el acceso a los menores e incapacitados y a las personas discapacitadas legalmente o por resolución judicial, protección a quienes voluntariamente han decidido impedirse el acceso.

El órgano regulador en materia de juego- Ministerio de Economía y Hacienda-, se crea para velar por la integridad, seguridad, fiabilidad y transparencia en los juegos, tratando de evitar el fraude y previniendo la dependencia y protegiendo a los menores, desarrollado en el Título V.

Los regímenes Sancionador y Fiscal, establecen los procedimientos sancionadores contra el juego “no autorizado”, pudiendo realizar el bloqueo de la actividad que se realiza a través de medios telemáticos, informáticos, electrónicos e interactivos. El Fiscal, establece un nuevo gravamen sin perjuicio de lo establecido anteriormente en los aspectos Penales, Administrativos, y Fiscales, de los juegos de Suerte, Envite o Azar y Apuestas, que continúa en vigor, cediendo la recaudación del nuevo impuesto a las Comunidades Autónomas a través de los jugadores residentes en la misma, reservándose el Estado las Apuestas Mutuas Deportivas Estatales, las Apuestas Mutuas Hípicas Estatales, y la recaudación obtenida a través de los jugadores no residentes en España. También queda establecida la tasa fiscal “sobre las actividades y servicios prestados a los operadores por la Comisión Nacional del Juego”

Quienes pueden ser  operadores

 La organización y explotación de las actividades reguladas por esta Ley podrá ser efectuada por personas físicas o jurídicas, entidades públicas o privadas españolas o pertenecientes a CEE, siempre que estos tengan un representante en España. Asimismo- a excepción de los juegos con carácter ocasional-, han de ser Sociedades Anónimas, constituyéndose en operadores de juegos o apuestas.

Derechos de los participantes.

  • A información clara y veraz de las reglas del juego en el que quieran participar.
  • Si obtuvieren premios, a cobrarlos en tiempo y forma establecidos en las reglas.
  • Si lo creyeran oportuno, a realizar reclamaciones ante la Comisión Nacional del Juego.
  • Al tiempo de uso que corresponda con el precio de la partida.
  • A jugar libremente sin coacciones ni amenazas provenientes de otros jugadores o tercera persona.
  • A conocer el importe que ha apostado o jugado y si dispusiera de una cuenta de usuario, a conocer el importe del saldo.
  • A identificación segura a través del DNI, pasaporte, documento equivalente o firma electrónica, así como a la protección de sus datos personales conforme a lo previsto en Ley.
  • A conocer la identidad del operador del juego, especialmente en juegos telemáticos, así como la identidad del personal con quien interactúa en caso de reclamaciones o posibles infracciones.
  • A recibir información sobre la práctica responsable del juego.

Obligaciones de los participantes.

 ·  Identificación en términos establecidos ante el operador.

· Cumplimiento de las reglas y normas establecidas en relación con los participantes. Las reglas y las normas están establecidas en el Art.5 de esta Ley.

Este artículo 5 “regulación de los Juegos”, nos dice que el Ministerio de Economía y Hacienda es quien establece a través de una Orden Ministerial, la reglamentación básica para el desarrollo de cada juego, dependiendo de la naturaleza del juego. El fin de esta disposición, es el evitar  el acceso a menores e incapacitados, y proteger a su vez la dignidad de las personas, sus derechos y libertades fundamentales, discriminación de índole racial o sexual e impedir violencia y actos delictivos.

·    No alterar el desarrollo normal de los juegos.

·    Al ser una relación entre partícipe y operador de carácter privado, las disputas y controversias se dirimirán en los Juzgados y Tribunales de orden jurisdiccional civil,  sin perjuicio del ejercicio- dentro de las competencias-, de la potestad sancionadora de la Comisión Nacional del Juego.

·   Los participantes,  tienen derecho a que sus datos sean de carácter privado- secretos-, por lo que los operadores habilitados fijarán los procedimientos adecuados para ello, estableciendo sobre los ficheros las medidas de seguridad establecidas en la normativa de protección de datos, tratándolos tan solo para el desarrollo de la actividad  objeto de la autorización, siendo cancelados una vez cumplidas las finalidades  que justificaron su tratamiento.

 Homologación de los sistemas técnicos de juego

 La homologación de los sistemas técnicos del juego, así como las especificaciones necesarias para su funcionamiento, corresponde a la Comisión Nacional del Juego, velando por su cumplimiento a fin de establecer procedimientos evitando la distorsión injustificada de la competencia en el mercado. A las entidades que organizan, explotan y desarrollan los juegos regulados en esta ley, se les obliga a disponer del material necesario y debidamente homologado, para el desarrollo de estas actividades: software, equipos, sistemas, terminales e instrumentos en general.

Requisitos de los sistemas técnicos.

El sistema técnico para la organización, explotación y desarrollo por medios electrónicos, informáticos, telemáticos e interactivos será conformado por la Unidad Central de Juegos, disponiendo de los mecanismos de autenticación suficientes a fin de garantizar, entre otros:

  • Confidencialidad e integridad en las comunicaciones.
  • Identidad de los participantes de los juegos a través de medios telemáticos e interactivos, a fin de comprobar que no se encuentran inscritos en el registro previsto en el art. 22.1.b, de esta Ley.

Este artículo trata del Registro General de  Interdicciones de acceso al juego, donde se inscribe la información necesaria para impedir el acceso a quienes por Derecho propio han solicitado la inclusión en la base de datos con el fin de que les prohíban el acceso. En esta base de datos, también están inscritas las personas que por resolución judicial tengan prohibido el acceso al juego, así como los incapacitados legalmente. Esta información estará al alcance de los operadores de juego a fin de impedir el acceso de las personas inscritas en la misma, estando estos datos a disposición de los estamentos autorizados, no requiriendo en este caso el consentimiento del usuario.

  • Autenticidad en el cómputo de las apuestas.
  • Control de su correcto funcionamiento.
  • Cumplimiento de las prohibiciones subjetivas de esta Ley reguladas en el art. 6.

En este artículo se detallan las prohibiciones antes mencionadas, incorporando desde un punto de vista subjetivo a los accionistas, propietarios y a todos quienes tengan relación en carácter tanto ascendente como descendente. A los deportistas, entrenadores u otros participantes directos del acontecimiento deportivo, objeto de la apuesta.

También les está prohibido a los jueces, árbitros, directivos de las entidades participantes u organizativas, al presidente  y a todo el personal de la Comisión Nacional del Juego, a sus cónyuges  o personas con quien convivan, asi como a todos sus familiares de 1º grado, tanto en carácter ascendente como descendente.

Con el fin de garantizar la efectividad de las prohibiciones subjetivas, la Comisión Nacional del Juego, puede exigir a los operadores la efectividad de las mismas. Asimismo creará el Registro General de Interdicciones de acceso al juego y el Registro de personas vinculadas a operadores de juego, ambos de ámbito estatal.

Después de este resumen, podemos llegar fácilmente a las siguientes conclusiones:

  1. Que el Estado ha buscado la manera de intentar proteger a los apostantes, de quienes escondidos en la red carecían de escrúpulos y tenían tan solo como fin único el dinero, no importando si venían de menores, ludópatas e incluso de las cloacas de la sociedad.
  2. Al regular a los operadores y sus medios técnicos, se trata de evitar manipulaciones en las proporciones de los premios, en los cobros y pagos, así como en el tratamiento de los datos personales- nombre y apellidos, dirección, correo, números de tarjetas, etc.-, evitando en lo posible transacciones ilegales con los mismos, o que caigan en manos que hagan un uso fraudulento de los mismos.
  3. Intentar evitar el blanqueo de capitales, así como su marcha a otros países a través de las fronteras inexistentes en la red.

Y por último, no cabe duda que uno de los motivos más importantes, ha sido la recaudación  de impuestos a una actividad que mueve muchos miles de millones a través de Internet y cuyo pastel escapaba a otros países.

No hay ninguna duda, de que los beneficios que dan esta actividad han de ser sustanciosos, ya que el Estado Español ha pasado de querer privatizar las Loterías Nacionales, a hacerse con el pastel de las apuestas y el juego online y regular todas aquellas actividades menores- bingos de asociaciones, ventas de participaciones de loterías- que estaban en un limbo legal, a fin -es verdad-, de evitar abusos, pero con claro afán recaudatorio.

Iremos viendo el desarrollo de los acontecimientos, porque si es verdad que el Estado en otras acciones irrumpe “como un elefante en una cacharrería”, no es menos verdad que “quien hizo la Ley, hizo la trampa”.

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